Enfoque regulatorio en la administración Trump. Imagen Freepik
La administración de Trump en Estados Unidos empezó pegando fuerte en temas económicos y de política internacional. Pero independiente del impacto macroeconómico de algunas de sus medidas comerciales, uno de los temas que más ha causado incertidumbre en la comunidad legal y empresarial, es el tema de cumplimento regulatorio y ética en negocios internacionales.
Por Andrés Otero Leongómez*
Por medio de una orden ejecutiva, el Presidente Trump le solicitó al Departamento de Justicia -DOJ por su sigla en inglés-, suspender las investigaciones y acciones en contra de empresas americanas por violaciones de la ley anticorrupción – Foreign Corrupt Practices Act - FCPA.
Trump considera que las empresas americanas estarían compitiendo en desigualdad de condiciones alrededor del mundo y el trabajo del DOJ debe ser el de apoyarlas, no debilitarlas.
De igual manera, ha pedido suspender la aplicación de normativas en materia de Diversidad, Equidad e Inclusión – DEI, y ha pedido a sus agencias estatales asegurarse de desmontar las políticas WOKE de sus antecesores.
Vale recordar que WOKE es el término utilizado por las comunidades afroamericanas en EE.UU. para referirse a la sensibilidad frente a la desigualdad y la injusticia. Se utiliza como adjetivo para describir el movimiento o plataforma política adoptada por el Partido Demócrata para corregir esas desigualdades a través de políticas públicas.
En principio se creería que este tipo de directrices estarían alineadas con su política America First, que busca fortalecer el aparato productivo estadounidense, con el fin de obligar a las empresas a concentrar esfuerzos y recursos en los temas prioritarios para esta administración.
También se podría argumentar que este nuevo enfoque ayudaría a la liberalización de la economía, a disminuir burocracia o red tape, achicar el tamaño del Estado y volverse más eficientes en el uso de los recursos de los contribuyentes.
Sin embargo, esta postura se contrapone a los anuncios y amenazas de imponer aranceles y sanciones a países que estén sacando provecho en materia comercial -o que no estén colaborando con su gestión-.
Se podría concluir que, más que disminuir o querer desaparecer la injerencia del Estado en la economía, lo que busca es redefinir las prioridades de investigación y aplicación de la ley.
En ese sentido, muchos analistas consideran que la mayoría de sus políticas hasta la fecha no han sido congruentes. Por un lado, profesa menor intervención del Estado en la economía, pero por el otro impone sanciones y aranceles a los países que traerá mayor escrutinio en algunas jurisdicciones.
Este vaivén viene causando incertidumbre en los mercados internacionales, debilitando el dólar, y puede llegar a aumentar la inflación y afectar la competitividad de las empresas estadounidenses en el largo plazo, regresando al mundo a una economía de subsidios y de proteccionismo en detrimento de la globalización.
Así mismo, puede llevar a que jurisdicciones como México, Canadá y la Unión Europea -aliados históricos de los Estados Unidos-, empiecen a aplicar medidas similares de manera retaliatoria y terminen por buscar otros mercados, debilitando el poder geopolítico de Estados Unidos y fortaleciendo la influencia del régimen de China en el mundo.
Pero, independientemente del impacto macroeconómico y geopolítico de algunas de sus medidas, la reacción inmediata en muchos países de la región es concluir que el gobierno americano estaría dando una patente de corso a las conductas de corrupción.
Aunque todavía no es clara la manera en que se va a implementar el tema, estamos en un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción.
Lo que muchos funcionarios del DOJ suponen es que las investigaciones y acusaciones por corrupción se van a centrar en empresas extranjeras más que en las estadounidenses, como ya venía sucediendo, y se van a utilizar otros marcos legales como Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act - RICO y Bank Secrecy Act - BSA para seguir persiguiendo conductas ilegales y antiéticas alrededor del mundo.
Hablando con personas cercanas a la nueva administración, estas consideran que el enfoque regulatorio y de cumplimiento va a estar enfocado en los cuatro temas que son prioritarios para la administración del presidente Trump:
- Combatir el tráfico de personas y de inmigrantes ilegales hacia los Estados Unidos.
- La lucha contra las drogas, particularmente el tráfico de fentanilo con precursores chinos.
- Designación de los carteles del narcotráfico como organizaciones terroristas -FTO’s por su sigla en Ingles.
- La guerra comercial con China para buscar frenar el dumping de sus productos hacia el mercado norteamericano.
Para esto, el Presidente Trump ha solicitado al Secretario de Estado, Marco Rubio; a la Fiscal General, Pam Bondi; a la Directora de la Agencia de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard; y al Zar de Frontera, Tom Homan, unir esfuerzos de las cuatro agencias y liderar las investigaciones que fortalezcan la aplicación de la ley en esos cuatro ejes temáticos.
Rápidamente esta administración buscará identificar un par de “casos insignia” para probar su nueva receta y mostrar al mundo -y a sus vecinos más cercanos- que la extraterritorialidad de la ley sigue siendo un principio rector del alcance judicial de Estados Unidos alrededor del mundo.
Para las empresas y entidades financieras, esto obliga a concentrar atención, recursos y esfuerzos en sus programas de cumplimiento en las siguientes áreas:
- Lavado de activos y financiación de terrorismo -SARLAFT, SAGRILAFT, PTEE y BSA.
- Políticas de selección y contratación de recursos y talento humano, con especial énfasis en conocimiento de sus empleados y fuerza laboral – (pre-employment screening).
- Programas de cumplimiento en materia contratación de terceros.
- Protocolos de seguridad en su cadena logística y su proceso de producción.
Para Colombia esto debería ser al tiempo una ventaja y una preocupación. Ventaja porque el país es el aliado más antiguo de Estados Unidos en materia de lucha contra las drogas y podría convertirse en un referente estratégico en la región.
El conocimiento que ha desarrollado Colombia en los últimos cuarenta años en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo – SARLAFT - es sustancial, así como los desarrollos con SAGRILAFT y PTEE.
A ello se suman los estándares de seguridad corporativa, junto a la capacidad institucional de las autoridades colombianas en el desmantelamiento de organizaciones terroristas, lo cual se alinea con varias de las prioridades de la nueva administración.
Es importante copiar el ejemplo y el pragmatismo de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, quien decidió entrar en un diálogo con sus pares en Estados Unidos y buscar intereses en común.
De lo contrario, rápidamente Colombia podría pasar a la lista negra y convertirse en un país de alto riesgo, según las autoridades americanas.
Si Colombia insiste en temas como la legalización de la hoja de coca, la paz total con grupos designados por los Estados Unidos como organizaciones terroristas, el apoyo irrestricto al régimen de Nicolás Maduro y seguir abriendo las puertas a la inversión China, muy seguramente el país terminará con aranceles de más del 25% a las exportaciones de productos colombianos hacia Estados Unidos, descertificación sin “waiver” de seguridad nacional en la lucha contra las drogas, cero recursos para la erradicación de cultivos de coca y, por consiguiente, la disminución de inversión extranjera directa de Estados Unidos hacia Colombia con restricciones para el flujo de turistas norteamericanos hacia nuestro país.
Independientemente de la opinión que se tenga sobre las medidas del Presidente Trump, en este escenario muy seguramente Colombia como país y economía saldría perdiendo.
Los empresarios colombianos tienen que ser agnósticos al entorno político en ambos países y seguir trabajando en los temas que les permitan seguir accediendo al mercado americano.
*President, LATAM region Guidepost Solutions LLC
