Voces de autoridades y análisis de sanciones (12 oct)

Según Cañón, es incomprensible que algunos privados tengan miedo a realizar alianzas fuertes con el sector público para prevenir de mejor forma el lavado de activos y la financiación del terrorismo, ‘‘esa es una barrera que se debe superar porque las políticas de investigación criminal no pueden trabajar aparte de las políticas de gestión del riesgo del sector financiero. Es necesaria una articulación’’.

El Asesor también lamentó la falta de personal en la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, toda vez que en la actualidad dicha dependencia cuenta con 43 fiscales, mientras que cuando se creó tenía 70. ‘‘Las críticas se hacen para construir, no se hacen para acabar con la gente’’, observó.

Por otra parte, mostró su preocupación por el hecho de que ‘‘el delincuente se ajuste a la Ley’’ e incluso ‘‘se capacite y termine certificado’’. Al respecto Cañón sostuvo que ha ‘‘escuchado muchas veces a oficiales de cumplimiento que me dicen en un congreso de prevención LA/FT que a esos espacios llegan abogados de personas acusadas de lavar dinero’’.

 

Los aportes del programa

Respecto a las dificultades para adelantar las investigaciones, Fernando Cañón afirmó que se debe facilitar la interacción entre los fiscales y los miembros de Policía Judicial. Para contrarrestar esa situación anunció que ICITAP se encuentra trabajando con el fin de implementar varias alianzas que ayuden a fortalecer el sistema antilavado colombiano.

Fernando Cañón, asesor Legal ICITAP. Foto: InfoLAFT

 

De igual manera, ICITAP se encuentra trabajando para fortalecer los conocimientos de informática forense y evidencia digital en los investigadores con el propósito de que no ocurra algo similar al caso de los computadores de alias ‘Raúl Reyes’, cuya información tuvo que ser descartada porque algunos funcionarios leyeron varios archivos y al momento de la verificación se encontró que fueron modificados, “simplemente porque los abrieron’’. ‘‘Los avances en este sentido se vieron tras las bajas de alias ‘Mono Jojoy’ y ‘Alfonso Cano’, cuyos computadores si sirvieron de evidencia porque no se cometieron los errores del pasado’’, apuntó.

¿Qué es ICITAP?

El Programa Internacional de Asistencia para la Formación en Investigación Criminal (ICITAP por su sigla en inglés) fue fundado en 1986 y está adscrito al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Tiene como finalidad trabajar con varios gobiernos del mundo para ayudarles a reforzar las normas e instituciones encargadas de proteger los derechos humanos, combatir la corrupción y reducir la amenaza de la delincuencia organizada trasnacional. Su mayor logro en este cuarto de siglo de existencia ha sido el contribuir a fortalecer el estado de derecho en países con sistemas políticos frágiles.

Esta entidad cuenta con el apoyo de los Departamentos de Estado y Defensa de los EE.UU., también cuenta con la ayuda de la Agencia para el Desarrollo Internacional y la Corporación del Desafío del Milenio.

El programa llegó en el año de 1991 a Colombia para asesorar al gobierno en temas relacionados con el fortalecimiento de la rama judicial.  En 2002 comenzó a ayudar al país en la aplicación del ‘Plan Colombia’, posteriormente realizó indicaciones en los proyectos de reformas a la justicia y colaboró con varias asesorías para hacer menos traumática la transición al sistema penal acusatorio.

 

El oro y su relación con el LA

El III Foro InfoLAFT de 2012 también contó con la participación de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), cuya representante fue Mercedes Salóm Arrieta, una de sus analistas.

Antes de abordar el tema central de su presentación, Mercedes Salóm señaló que la UIAF está trabajando en un mapa de riesgo para Colombia que permita identificar sectores vulnerables al lavado de activos y la financiación del terrorismo. La finalidad del proyecto es adelantarse a las operaciones delictivas para que no ocurran, o poderlas identificar rápidamente en caso de que se concreten.

Posteriormente, el grueso de su intervención se enfocó en establecer la relación de la explotación ilegal aurífera con el Lavado de Activos. Al respecto, lo primero que la analista señaló fue la dificultad existente para buscar información sobre dicho sector, ya que en ocasiones no hay datos o no hay fuentes confiables. Salóm indicó que si bien Colombia no es un productor de oro a gran escala, sí cuenta con unos índices aceptables de producción. En ese contexto, y tras realizar varios análisis, resulta sospechoso que disminuya la producción de este y otros metales, precisamente entre 2010 y 2012 periodos en los que se han incrementado los precios a nivel mundial.

Por otra parte, recordó que varias cifras demuestran que la generación de empleo en las minas de oro aumenta a pesar de la caída en la producción. Además, un análisis suyo permitió observar que la producción del metal precioso tiene unos niveles de rotación alarmante en el transcurso de los años recientes en los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba, Bolívar, Caldas, Cauca y Tolima. A continuación la tabla de jurisdicciones con mayor producción:

Según ella, estos fenómenos podrían tener explicación en alguno de los siguientes escenarios:

• Posible caso de lavado de activos.
• Problemas con la información reportada.
• La producción se está reportando en departamentos no productores.

 

Características y consecuencias de la minería ilegal

Mercedes Salóm afirmó que la explotación ilegal de oro guarda relación con los grupos armados al margen de la Ley, ya sea porque los extractores les deben pagar un porcentaje de su producción mensual a los delincuentes o porque deben hacer ese mismo pago de forma diaria para lograr entrar sus maquinarias y sus trabajadores a las zonas.

La minería ilegal también tiene como consecuencias una baja tributación, el aumento de la pobreza en las zonas objeto de explotación y el daño al medio ambiente por el uso de elementos químicos como el mercurio sin las medidas de control adecuadas.

El Código de Minas (Ley 685 de 2001) en su artículo 159 define cuatros situaciones que configuran los campos de explotación ilegal:

• Campos sin título minero con trabajos en áreas libres.
• Campos sin título minero con trabajos en área concedida a un tercero.
• Campos con título minero con trabajos en etapa diferente a la autorizada.
• Campos con título minero con trabajos en un área diferente a la permitida.

 

Acciones contra el fenómeno

La analista Mercedes Salóm recordó que la UIAF emitió en el año 2008 la Resolución 363 que impuso obligaciones de reporte. Según dicha normativa se tienen que reportar todas las compras y ventas de oro, sin importar el medio de pago, la cantidad de oro o si hubo participación del sistema financiero. También se tienen que reportar todas las importaciones y exportaciones.

Por último, Salóm anunció que actualmente la Unidad de Información y Análisis Financiero se encuentra trabajando en la actualización de las tipologías relacionadas con el oro. Entre tanto, en la página de Internet de la entidad se encuentran las tipologías identificadas en 2008.

 

 

Fiscalía creará unidad para el análisis de información

La Fiscal Jefe de la Unidad para la Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos, Gloria María Arias, anunció durante su participación en el III Foro InfoLAFT que próximamente la Fiscalía General creará una unidad especial para el análisis de información, con el fin de clasificar precisamente la información de las investigaciones que adelante y así evitar desgastes y doble trabajo por parte de los miembros de Policía Judicial. El trabajo de dicha unidad permitirá también dinamizar los procesos por LA/FT.

Gloria María Arias, fisca Jefe UNEDLA. Foto: InfoLAFT

 

Fases del LA y fuentes de dinero de la delincuencia

Por otra parte, Arias recordó que el delito de lavado de activos tiene cuatro fases: obtención, colocación, conversión e integración.

• Obtención: es la parte del proceso en el que las organizaciones criminales adquieren su dinero.
• Colocación: cuando los delincuentes mueven el dinero a través de casas de cambios, fiducias, empresas de fachada y otras.
• Conversión: aquí es donde buscan alejar el dinero de la fuente ilícita. Montan un esquema y usan productos financieros.
• Integración: es la etapa más difícil de identificar porque el dinero ya está en el sistema financiero y tiene visos de legalidad.

Similarmente, dio a conocer cuales son las principales fuentes de financiamiento de las organizaciones delincuenciales:

• Tráfico de drogas
• Secuestro (selectivo y casual)
• Extorsiones (vacuna, boleteo, peaje forzoso y clientelismo armado)
• Corrupción
• Constitución de empresas en sectores de riesgo (gasolineras, agencias de viajes y casas de cambio)
• Explotación de minas de oro
• Hurto de tierras
• Hurto de ganado (abigeato)

Respecto a las tres últimas fuentes de financiación (explotación de oro y robo de tierras y ganado) la fiscal Arias afirmó que próximamente se conocerán buenos resultados en torno al procesamiento de implicados en dichas conductas punibles.

 

Tipologías

La Fiscal Jefe de la UNEDLA se refirió a seis tipologías específicas y entregó características de cada una de ellas:

Propuestas de UNEDLA para combatir el LA/FT

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer a través de la fiscal Gloria María Arias sus propuestas para combatir de una manera más efectiva a las organizaciones delictivas dedicadas a lavar activos y financiar organizaciones terroristas:

• Equipos interinstitucionales antiterroristas.
• Estrategia organizacional para mejorar la capacidad investigativa del Estado en la lucha contra el terrorismo.
• Premisas de la estrategia (trabajo en equipo e investigación de las redes de apoyo al terrorismo (RAT)
• Análisis integral y concentración de la información.
• Utilización de herramientas tecnológicas.
• Construcción de contextos locales, regionales y nacionales.
• Reducción de formalismos.

 

Gobierno trabaja en política pública contra la corrupción

El Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Carlos Fernando Galán, fue otro de los invitados al Foro. En su intervención, recordó que ‘‘el fenómeno de la corrupción tiene un impacto similar al del narcotráfico y el conflicto armado en la sociedad’’, habida cuenta del desprestigio que sufren las instituciones. Por otra parte, indicó que el costo de la corrupción no se ha medido de manera exacta, aunque algunos estimativos indican que sería similar al 13% del total de los recursos de inversión del país.

El alto funcionario señaló que la lucha contra la corrupción es una prioridad del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y por esa razón la incluyó en su Plan Nacional de Desarrollo. Lo primero que hizo el Ejecutivo en dicho sentido fue eliminar la oficina del Zar Anticorrupción –según Galán, una dependencia que ‘‘se quedó corta en esa lucha’’– y crear la Secretaría de Transparencia, una entidad con mayor fortaleza. Como segunda medida se aprobó el Decreto Antitrámites, una norma con fuerza de Ley que permite acabar la burocracia, y en tercer lugar se avanza en el estudio de una política pública contra la corrupción.

Sobre dicha política pública, el Secretario de Transparencia adelantó que tendrá tres objetivos específicos:

• Crear mecanismos de prevención
• Fortalecer las investigaciones
• Crear mecanismos de coordinación entre instituciones

De igual manera, agregó que la política pública contempla los siete principios básicos planteados por Bertrand De Speville en la lucha contra la corrupción que emprendió hace varios años en Hong Kong:

1. Voluntad política (el Gobierno Nacional ha demostrado tenerla)
2. Coordinación entre instituciones
3. Recursos (humanos, económicos y de conocimiento)
4. Estrategia clara
5. Apoyo ciudadano
6. Adecuado marco normativo
7. Perseverancia (los procesos no ofrecen resultados de forma inmediata)

 

El objetivo: entrar a la OCDE

La conferencia del Secretario de Transparencia también le sirvió a los asistentes al Foro InfoLAFT para enterarse en qué estado se encuentra la candidatura de Colombia para ingresar en calidad de estado miembro a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Carlos Fernando Galán, secretario de Transparencia. Foto: InfoLAFT

 

Galán apuntó que uno de los beneficios que puede traer la posible entrada del país a ese organismo multilateral (OCDE) sería el acceso a buenas prácticas precisamente en el combate a la corrupción. Colombia fue invitada hace algunos meses por la OCDE a entrar a su Grupo de Trabajo contra el Soborno Internacional –uno de los más importantes– y el tema está actualmente en revisión por parte de la Corte Constitucional, luego de que el Congreso de la República lo aprobara a través de un Proyecto de Ley.

De pasar el examen de constitucionalidad, aclaró, la OCDE le realizaría evaluaciones a Colombia en tres fases distintas:

 

Primera fase:

• Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
• Asistencia legal mutua.
• Recuperación de activos.

 

Segunda fase:

• Evaluación de la aplicación del marco jurídico.

 

Tercera fase:

• Evaluación de los casos específicos que se han castigado en torno al soborno internacional.

Por último, Galán informó que Colombia también fue invitada por la OCDE para participar en el desarrollo de un programa piloto que permita implementar un sistema de denuncias a nivel internacional para que las empresas informen cuando en algún lugar del mundo les exijan sobornos a cambio de la entrega de un contrato. ‘‘Colombia ha trabajado en ese tema en las semanas recientes y esperamos presentar ese proyecto en el mes de octubre en París’’.

 

¿Qué paso con los grandes casos de corrupción?

Ante la inquietud por la aparente falta de resultados en los casos de corrupción acaecidos el año anterior en la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el sector salud, Galán indicó que si bien no se han presentado mayores avances en los procesos penales, no por ello se puede decir que no se ha hecho nada.

Según él, ‘‘si los recobros al FOSYGA hubiesen mantenido el ritmo de años anteriores, en este 2012 se habrían tenido que pagar 3 billones de pesos por ese concepto, pero este año las proyecciones apuntan a que sólo se pagarán 2 billones. Esa reducción es producto del trabajo realizado’’.

También afirmó que ‘‘este año el recaudo en la DIAN podría llegar a los 100 billones, 30 billones más que hace dos años. Ese incremento también tiene que ver con las tuercas que se han apretado’’, puntualizó.

 

Lecciones aprendidas en Colombia y el mundo

La firma Lozano Consultores e InfoLAFT presentaron en esta ocasión un panel integrado por Alberto Lozano Vila, gerente de Lozano y director de InfoLAFT; Juan Manuel Narváez, consultor de Lozano; y Sergio Reyes Díaz, periodista de InfoLAFT. Ellos analizaron de forma detallada las recientes sanciones emitidas contra varios bancos alrededor del mundo y en Colombia por fallas en sus sistemas de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

 

Sanciones internacionales

El primer caso analizado fue el de la presunta participación del Bank of América en un lavado de activos del cartel de ‘Los Zetas’. Según versiones de prensa, a varias cuentas de la entidad financiera habrían ingresado recursos de dicha organización mexicana dedicada al tráfico de drogas. Sobre este caso, Reyes explicó que al parecer miembros de ‘Los Zetas’ compraron caballos de carreras para ponerlos a competir en Estados Unidos con la única finalidad de ganar dinero, el cual posteriormente fue ingresado al sistema financiero con un viso de legalidad aparente.

Por su parte, Alberto Lozano indicó que en este caso hay dos lecciones aprendidas: se debe prestar atención a las actividades tradicionales que acarrean riesgo, toda vez que las carreras de equinos son bastante populares en algunas regiones– y hay que realizar siempre un adecuado proceso de debida diligencia de conocimiento del cliente. Lozano y Reyes aclararon que hasta este momento no hay investigaciones formales contra Bank of América por este asunto.

Alberto Lozano, director InfoLAFT. Foto: InfoLAFT

 

El segundo caso analizado fue la multimillonaria multa emitida contra el Banco ING por violar sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por su sigla en inglés). Durante su exposición, Reyes recordó que la sanción pecuniaria fue de U$619 millones de dólares y se dio porque la mencionada entidad realizó negocios con Cuba, Irán, Libia, Sudán y Birmania, todos ellos países sancionados por OFAC.

En este punto, Lozano Vila explicó, basado en los documentos oficiales de la sanción, que las siguientes fueron las fallas específicas cometidas por ING:

• Alterar la información de sus clientes para evitar la detección de sus jurisdicciones de riesgo.
• Realizar más de 20 mil transacciones con países sancionados por OFAC.
• No cooperar con OFAC al comienzo de la investigación.
• Un factor agravante fue que la sucursal de ING en Francia autorizó el uso de sus sellos en Cuba para facilitar el encubrimiento de las operaciones.

Según Lozano, la situación de ING permite concluir que una cosa es incumplir las normas y otra muy distinta es cooperar con los lavadores se debe tener cuidado con jurisdicciones sancionadas, las entidades deben cooperar con las investigaciones de las autoridades y hay que tener cuidado con los corresponsales.

El tercer caso analizado a nivel internacional fue la sanción de U$340 millones de dólares contra el banco Standard Chartered por la sistemática realización de operaciones financieras con Irán. Aquí, Sergio Reyes señaló que en este caso particular lo interesante fue observar que la licencia de funcionamiento de la entidad en Nueva York estuvo en riesgo por la realización de negocios con una jurisdicción de riesgo. ‘‘Los bancos ya no sólo se exponen a la aplicación de millonarias multas, sino a que los saquen del sistema financiero de Estados Unidos’’, observó.

Sergio Reyes Díaz, periodista InfoLAFT. Foto: InfoLAFT

 

Las fallas específicas del Standard Chartered fueron explicadas por el Director de InfoLAFT: realización de más de 60 mil transacciones con entidades de Irán, falsificación de registros comerciales para presentar las operaciones, obstrucción de la administración gubernamental, evasión de sanciones federales y falta de registros de todas las transacciones. Lozano aclaró que lo anterior es basado en los documentos del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, la autoridad que emitió la multa.

Para finalizar, se refirieron al que hasta ahora es el caso del año: el reconocimiento del HSBC sobre lavado de dinero a través de varias de sus sucursales. El periodista Sergio Reyes recordó que las investigaciones comenzaron en 2010 cuando la Oficina Contralora de la Moneda de EE.UU. (OCC por su sigla en inglés) comprobó que el HSBC violó las Leyes Federales contra el lavado de activos, aunque lo curioso fue que tras ese hallazgo no emitió sanción alguna. Luego de eso, (a finales de 2011) el Subcomité de Investigaciones Permanentes del Senado emprendió sus propias averiguaciones, las que en julio pasado obligaron a la Junta Directiva del HSBC a reconocer fallas en sus sistemas de prevención del lavado de activos.

En este punto, Lozano detalló las fallas exactas del HSBC:

• Apertura de cuentas corresponsales en EE.UU. para los afiliados de alto riesgo sin llevar a cabo la debida diligencia.
• Prestación de servicios financieros en EE.UU. a bancos vinculados con el terrorismo.
• Omisión de más de 17 mil señales de alerta.
• Demora en la entrega de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
• No monitoreo de varias transacciones en efectivo con corresponsales (cuyo monto ascendió a U$15 mil millones de dólares).
• Procedimientos deficientes para asignar una adecuada calificación de riesgo a los clientes.
• Insuficiencia de personal en la Unidad de Cumplimiento.
• Falta de capacitación del personal de la Unidad de Cumplimiento.
• Falta de liderazgo en la Unidad de Cumplimiento.

Posteriormente, el Director de InfoLAFT y Gerente de Lozano Consultores indicó las lecciones aprendidas:

• La banca corresponsal sigue siendo un riesgo.
• El tiempo no lo cura todo (las operaciones irregulares datarían de 2001).
• El Supervisor también es supervisado (las investigaciones del Senado de EE.UU. cuestionaron la falta de sanciones tras las investigaciones de la OCC).
• Las alertas deben ser atendidas en su totalidad.
• Se debe reportar oportunamente.
• El oficial de cumplimiento debe estar empoderado.

 

Sanciones Nacionales

Para el caso colombiano fueron analizados varios apartes de resoluciones sancionatorias en firme expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia por incumplimiento a las obligaciones establecidas en el capítulo XI del título I de la Circular Básica Jurídica (SARLAFT)

Alberto Lozano y Juan Manuel Narváez señalaron que el primer aspecto del SARLAFT que hay que revisar, hace referencia a los campos mínimos que debe contener el formulario de vinculación de clientes diseñados por las entidades para llevar a cabo el debido conocimiento del cliente. En esta ocasión, la entidad no tenía diseñado, dentro de sus formularios de vinculación, el espacio correspondiente para capturar la información sobre operaciones en moneda extranjera.

Teniendo en cuenta lo anterior, Lozano y Narváez indicaron que la primera lección aprendida para las entidades vigiladas es verificar que sus formularios de vinculación contengan todos los campos mínimos establecidos en el numeral 4.2.2.1.1. de la Norma, así no se usen.

Juan Manuel Narváez, consultor Lozano consultores. Foto: InfoLAFT

 

El segundo aspecto del SARLAFT analizado por Lozano y Narváez, hace referencia a la obligacion del diligenciamiento del formulario de vinculación por parte de todos los potenciales clientes. Para este caso particular, la Superintendencia Financiera encontró que varios clientes no habían diligenciado dicho formulario.

De acuerdo con lo anterior, la segunda lección aprendida para las entidades vigiladas es tener siempre en cuenta que el formulario de vinculación de clientes no es alternativo, optativo u opcional.

El tercer aspecto del SARLAFT analizado a la luz de las sanciones en firme de la Superfinanciera fueron las señales de alerta. Al respecto señaló la Superfinanciera que las señales de alerta no deben ser generales y deben contemplar las caracteristicas propias de cada uno de los segmentos establecidos por la entidad vigilada para los factores de riesgo.

Aquí, la lección aprendida hace referencia a que las entidadades deben contar con señales de alerta por cada uno de los factores de riesgo y que contemplen caracteristicas propias de cada uno de ellos.

El cuarto aspecto analizado por Lozano y Narváez fue el correspondiente a la metodología de segmentación de los factores de riesgo. Al respecto indicaron que la Superfinanciera había evidenciado que en el manual de procedimiento del SARLAFT no se encontraba descrita la metodología adoptada para segmentar cada uno de los factores de riesgo.

En consecuencia, la cuarta lección aprendida para las entidades vigiladas es verificar que dentro de sus manuales SARLAFT se encuentre descrita la metodología adoptada por la junta directiva para la segmentación de los factores de riesgo.

El quinto aspecto analizado por Lozano y Narváez se refirió a los criterios (variables de segmentación) mínimos que debe contemplar la segmentación de los factores de riesgo. Especificamente, para el factor de riesgo cliente se deben tener en cuenta los siguientes criterios:

 

• Actividad económica.
• Volumen o frecuencia de las transacciones.
• Montos de ingresos, egresos y patrimonio.

 

La lección aprendida en este aspecto es que las entidades, al momento en que vayan a realizar su segmentación de los factores de riesgo, no deben olvidar tener en cuenta los criterios mínimos establecidos en el numeral 4.2.2.2.2. del SARLAFT.

El sexto aspecto analizado estuvo relacionado con la condición de homogeneidad que debe existir entre los segmentos establecidos. Al respecto señaló la Superfinanciera que desde una óptica de lavado de activos, la segmentación no corresponde a una simple clasificación de los factores de riesgo, porque de ser así no se estaría atendiendo al propósito de la segmentación misma.

De este modo, la sexta lección aprendida es tener en cuenta que la segmentación de los factores de riesgo no es una simple clasificación, sino que debe tener un sustento técnico, para cual se debe adoptar una metodología que cumpla con los requerimientos del SARLAFT. Adicionalmente, se debe tener en cuenta cual es el propósito de realizar una segmentación, la cual es “determinar las características usuales de las transacciones que se desarrollan y compararlas con aquellas que realicen los clientes, a efectos de detectar operaciones inusuales”.

Finalmente, el séptimo aspecto analizado fue el tema de la actualización de datos de los clientes. Al respecto, señala la Superfinanciera que la actualización de datos implica conocer de manera permanente y actualizada, cuando menos, la identificación, actividad económica, características, montos y procedencia de los ingresos y egresos respecto de clientes vigentes, las características y montos de sus transacciones y operaciones. Así mismo, señala la Superfinanciera que las entidades son quienes deben establecer los procedimientos que permitan la realización de todas las diligencias necesarias para confirmar y actualizar los datos del cliente.

Teniendo en cuenta lo anterior, la séptima lección aprendida hace referencia a que las entidades vigiladas, para demostrar diligencia en la actualización de los datos de sus clientes, deben documentar las acciones realizadas por la entidad para conseguir la actualización de los datos del cliente.