María Mercedes Cuellar, presidenta de Asobancaria, recordó en la instalación del XIV Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT que según un estudio del FMI el lavado de activos representa entre 2% y 5% del PIB mundial. Al tiempo que cuestionó que Colombia no tenga estudios rigurosos sobre la circulación de efectivo y la entrada masiva de divisas al país y su relación con el lavado de activos.
Según Cuéllar se debe evaluar el cumplimiento de las normas respecto y los costos que ello trae. A manera de ejemplo expuso que si bien el cumplimiento de las normas de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo es un gran aporte a la lucha contra el delito, también implica, por ejemplo, la disminución del negocio de la banca corresponsal.
En este mismo sentido también llamó la atención sobre el hecho de que entidades como JP Morgan y Hsbc hayan cerrado recientemente las cuentas de varios clientes clasificados como PEP, y los cuales, en apariencia, no representaban mayores riesgos. Acciones exageradas contra los PEP ‘‘podrían fomentar el uso de efectivo’’.
Por otra parte, Cuéllar expresó que las empresas del sector real precisan de normas claras en prevención del LA/FT y que dichas entidades deben ser sancionadas cuando así haya lugar. Sin embargo la presidenta de Asobancaria destacó la emisión de la Circular 100 de 2014 por parte de la Superintendencia de Sociedades y reconoció la importancia de la recientemente expedida Circular 6 de 2014 de la Superintendencia de Economía Solidaria.
No obstante lo anterior, aseveró que las entidades de supervisión deben verificar que las normas se cumplan una vez sean expedidas.
Hay que fortalecer la investigación
Durante su intervención Alfonso Gómez Méndez, ministro de justicia, afirmó que luego de aumentar las penas y los delitos fuente se deben fortalecer las áreas de prevención e investigación. ‘‘Debe haber un rechazo social a los delincuentes y lavadores de activos’’, por lo cual es importante el fomentar una cultura de la legalidad.
El ministro reconoció que falta mucho por hacer en el campo de la investigación y que hace falta comprensión por parte de los investigadores en áreas como la economía. El jefe de la cartera fue crítico del sistema judicial al apuntar que las cifras de sentencias y posteriores condenas son ‘‘casi desastrosas’’ y ‘‘verdaderamente desconcertantes’’.
Ante ese panorama indicó que el Estado debe revisar la forma como recluta a los investigadores y cómo los incentiva para que ellos se queden en el sistema. ‘‘Hay que fomentar la carrera judicial’’.
