En el marco del XVIII Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Asobancaria, que culmina hoy Cartagena, Colombia, se presentó un interesante panel de discusión en el que se trató el tema de la legalización de la marihuana y la mitigación de los riesgos asociados a este negocio. Aunque se tocaron temas de LA/FT, al tratarse de un tema de reciente discusión las exposiciones se centraron en lineamientos generales del funcionamiento del negocio y del marco regulatorio.
De esta manera el panel, que inició con la exposición del experto en delitos financieros y director del certificado en prevención de lavado de dinero en la Universidad Católica del Uruguay, Ricardo Sabella, y continuó con la intervención del presidente de la Asociación Colombiana de Industrias del Cannabis Asocolcanna, Rodrigo Arcila, concluyó que si bien puede haber eventos de lavado de activos vinculados al negocio de la marihuana tanto medicinal como recreativa, no se debe analizar el fenómeno como un conjunto de transacciones en las que siempre está implícito el blanqueo de capitales.
El contexto
A partir del caso de éxito del Uruguay, el catedrático Ricardo Sabella expuso una serie de acciones que tomó este país para reducir los riesgos generales del consumo de cannabis, entre los que se encuentran la creación de un instituto de regulación de la marihuana que entrega licencias a los productores, distribuidores y consumidores; la automatización del registro de consumidores, el establecimiento de licencias de funcionamiento para clubes canabicos, el establecimiento de un tope de consumo personal de hasta 40 gramos o seis plantas de autocultivo, la prohibición de la publicidad y el veto al acceso para menores de edad.
Pero más allá de estas medidas necesarias para generar un contexto favorable para este negocio, en relación con el riesgo de lavado de activos en el sector financiero el tema se hizo más complejo, pues al no existir una regulación uniforme en el mundo, ha resultado conflictivo que una entidad financiera con presencia en múltiples jurisdicciones abra productos financieros a contrapartes relacionadas con el negocio del cannabis así se encuentre en una jurisdicción donde la marihuana legal, pues se abre la puerta para tener inconvenientes con autoridades.
A su turno, el presidente de la Asociación Colombiana de Industrias del Cannabis Asocolcanna, Rodrigo Arcila, hizo énfasis en que el punto de partida para mitigar los riesgos asociados a esta industria es tener un ente regulador público que haga cumplir un marco legislativo, que para el caso de Colombia resulta completo y adecuado, al estar compuesto del Estatuto Nacional de Estupefacientes, el Acto Legislativo 02 de 2009 y la Ley 1787 de 2016 que crea la regulación para acceder al uso médico científico del cannabis y sus derivados, y los actos administrativos recientes que detallaron otras normas para la industria.
Según el dirigente gremial, el llamado central es a que se trate este sector como cualquier otro sector de la producción, que viene de la angroindustria y culmina en mercados de exportación previo paso por procesos de manufactura y transformación.
