El viernes pasado inició el proceso de reorganización empresarial para la cadena de mercados Supercundi, cuyos socios los hermanos Luis Alirio, Edna Yaneth, Norberto y Uriel Mora Urrea fueron acusados de ser testaferros de la guerrilla de las Farc. Por estos hechos la cadena Supercundi se encuentra administrada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por estar en proceso de extinción de dominio.
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Según se conoció, el proceso de reorganización de Supercundi se prepara desde hace, al menos, 5 meses y cuenta con el aval de la Supersociedades dado que la cadena lleva 15 años en el mercado y generaba, en el momento de máximo crecimiento, aproximados 1.500 empleos directos. La SAE, por su parte, afirmó que el proceso de reoragnización es necesario con miras a conservar una empresa como unidad de explotación económica, fuente de empleo, y garantía de pago a acreedores y empleados.
El caso Supercundi
La Fiscalía General de la Nación impuso, en abril de 2018, medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre una serie de activos que estaban en manos de familia Mora Urrea, entre los que se encontraba la cadena de supermercados populares Supercundi que agrupa al menos 60 locales y que estaría avaluada en COP 627 mil millones.
Gracias a los testimonios de excombatientes de las Farc, la fiscalía logró detectar una red de testaferros de dicha organización que nació en la antigua zona de distensión del Caguán y cuyas cabezas eran los propietarios de las cadenas Supercundi, Merkandrea y Mercafusa cuyas tiendas se encuentran en Bogotá, Cundinamarca (Chía, Cota, Fusagasugá, Facatativá, Girardot, La Calera, Madrid, Mosquera, Silvania, Soacha, Tibacuy, Tocainía y Villeta), Tolima (Espinal, Lérida, Melgar y Saldaña) y Quindío (Armenia y Calarcá).
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Las evidencias dieron muestra que la cadena de tiendas sirvió como red de abastecimiento para la guerrilla al tiempo que tenía la utilidad de ser una fachada para el lavado de activos proveniente de actividades ilícitas. Tal como lo señalan los testimonios, estos mercados no sólo se caracterizaban por ofrecer productos a precios muy por debajo de su valor comercial, sino que crecieron de forma inexplicable entre 2006 y 2016.
Los supermercados, al parecer, fueron arrebatados a su legítimo dueño (un empresario de Cundinamarca) por los hermanos Norberto, Luis Alirio, Uriel y Edna Yaneth Mora Urrea, que tenían una relación directa con las Farc mientras el gobierno de Andrés Pastrana adelantaba sus diálogos de paz. Así, mientras que Norberto y Luis Mora Urrea frecuentaban los campamentos de los frentes 51,53 y 55 de la insurgencia, Luis Alirio Mora Urrea habría estado encargado de identificar personas que pudieran ser víctimas de secuestro extorsivo en el centro del país.
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