Por considerarlo de interés para sus lectores, infolaft analiza a continuación un comunicado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) dirigido a la opinión pública, fechado el 6 de marzo de 2014, a través del cual mostraron sus propuestas para perseguir los dineros y bienes involucrados en el proceso económico del narcotráfico. No obstante, este no es más que un pliego de propuestas en medio de un proceso de paz en el cual el Gobierno ha insistido en que ‘‘nada está acordado, hasta que todo esté acordado’’.
¿Por qué es de interés?
Es claro que las Farc son un actor importante cuando se habla del tema de las finanzas ilícitas debido al caudal monetario de sus negocios; además, la eventual reinserción de sus integrantes a la legalidad generará retos en materia financiera. Por otra parte, uno de los puntos que el Gobierno accedió a negociar con ellos fue el del narcotráfico, el cual tiene un impacto significativo en el lavado de activos.
Para que avancen las negociaciones de La Habana, Cuba, se deben tener en cuenta los aportes de ambas partes en pro de solucionar las distintas y complejas problemáticas que desde hace varias décadas afectan al país. Y unas de las más graves son, en consecuencia, el tráfico de drogas y el lavado de activos.
Si bien en varios apartes del documento se denota desconocimiento de la realidad nacional y se hacen omisiones temerarias (lanzan acusaciones contra algunos sectores de la economía sin mayores pruebas, proponen normas que ya existen, se plantean objetivos muy difíciles de alcanzar y en ningún momento reconocen su participación en narcotráfico y lavado), el contenido de la carta es importante en la medida en que en medio del proceso de paz hay un campo común para el entendimiento y, después de todo, las Farc son una de las dos partes sentadas en la mesa.
Lavado de activos = narcotráfico
Las Farc ven el lavado de activos como un tema exclusivo del tráfico de drogas, toda vez que en el documento proponen establecer una política antidrogas centrada en la ‘‘(…) persecución y desarticulación de las redes de producción y comercialización capitalista transnacional de drogas ilícitas, así como en la identificación y el seguimiento a las rentas generadas por dichas redes e incorporadas en los circuitos económicos legales a través del lavado de dinero’’.
Al leer cuidadosamente el anterior texto y otros apartes del documento completo se evidencia que no se mencionan los demás delitos fuente del lavado. Desde hace varios años ha sido claro que para continuar con la construcción de un sistema eficaz de lucha contra el lavado de activos se debe ‘desnarcotizar’ este delito y poner el foco –además– en conductas como la corrupción, el secuestro, la extorsión y el tráfico de armas; delitos que, a propósito, se le han atribuido históricamente a la agrupación guerrillera.
Proponen identificar tipologías, pero no citan organismos especializados
Otra de las propuestas es que el Gobierno y las Farc conformen ‘‘una Comisión independiente especializada de la verdad sobre la empresa capitalista transnacional del narcotráfico, integrada por académicos e investigadores expertos nacionales e internacionales, que incluya a representantes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito –Unodc- y de Unasur. Dicha Comisión deberá entregar (…) un informe acerca del estado actual del negocio del narcotráfico, que incluya (…) su articulación con el proceso económico en su conjunto, en especial con la actividad financiera, que permita identificar modalidades y rutas de blanqueo de dinero (…)’’.
Si bien la propuesta es interesante, hay que recalcar que para ‘‘identificar modalidades y rutas de blanqueo de dinero’’ sería muy útil la presencia de organismos especializados en la lucha contra el LA/FT a nivel mundial, tales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad) de la OEA. Mientras que a nivel Colombia dicha tarea puede ser apoyada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf).
Seis meses para desmantelar un negocio ilícito de décadas
Las Farc sugieren que el informe elaborado por los expertos de Unodc y de Unasur deberá ser entregado en un término ‘‘no superior a seis meses’’, además de que dicho documento debe revelar ‘‘(…) el estado actual del negocio del narcotráfico, que incluya su conformación estructural, su articulación con el proceso económico en su conjunto, en especial con la actividad financiera, (…) que permita identificar modalidades y rutas de blanqueo de dinero, así como a sus principales beneficiarios pasados y actuales, nacionales y extranjeros. E igualmente su nivel de penetración en el Estado y sus instituciones, así como sus impactos macroeconómicos y sobre las finanzas públicas’’.
Sobre este punto es importante destacar que siendo la verdad histórica de las mafias del narcotráfico un elemento de vital importancia para la solución del conflicto, este no se puede alcanzar en apenas medio año de trabajo (el proceso de paz lleva ya cerca de un año y medio, y solo ha alcanzado acuerdos parciales).
Adicionalmente, sería ideal que parte de ese descubrimiento de tipologías proviniera de parte de las propias Farc.
Proponen redistribución de los bienes objeto de extinción
El grupo guerrillero dice que ‘‘(…) la persecución a los capitales comprometidos en el negocio del narcotráfico deberá conducir a la expropiación de dichos capitales’’. Pues bien, hay que decir que la extinción de dominio nació hace 17 años en Colombia con la expedición de la Ley 333 del 19 de diciembre de 1996, por medio de la cual se permitió la extinción del derecho de dominio sobre bienes adquiridos de forma ilícita.
Las Farc también declaran que con los recursos producto de la extinción de dominio, ‘‘(…) se conformará un Fondo especial para contribuir a la financiación de los Planes de desarrollo alternativo de las comunidades campesinas con las que se concierte la sustitución de los usos ilícitos de los cultivos de coca, marihuana y amapola, y para la atención al consumo de drogas como problema de salud pública, con un enfoque de derechos humanos’’.
La propuesta en este sentido es válida e incluso fue contemplada durante las discusiones del nuevo Código de Extinción de Dominio, sin embargo, dicha norma –sancionada por el Presidente en enero de 2014– ya decidió que el 50% de la monetización de los bienes objeto de extinción irá para el Gobierno, un 25% para la Rama Judicial y el 25% restante para la Fiscalía General de la Nación.
Regular al sector financiero: algo hecho hace 20 años
Las Farc manifiestan que se deben definir ‘‘(…) regulaciones estatales rigurosas sobre el mercado financiero y bursátil orientadas a evitar el lavado de dinero’’. Esta es una clara muestra de desconocimiento de las normas debido a que desde hace 17 años el sector bancario implementa medidas contra el LA/FT, de acuerdo con lo ordenado en aquel entonces por la Circular Básica Jurídica 007 de 1996 de la Superintendencia Bancaria de Colombia. Algo similar ocurrió con el sector bursátil, el cual cumple con controles de prevención del LA/FT desde 1998 según lo impuesto por la Circular 004 de ese año de la entonces Superintendencia de Valores de Colombia.
Hoy en día las obligaciones para el sector financiero (tras la fusión en 2005 de las superintendencias bancaria y de valores) están consignadas en el Título I Capítulo XI de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, también conocido como Sarlaft.
Por otra parte, las Farc hablan de crear ‘‘(…) una auditoría especial sobre las transacciones financieras y bursátiles, y sobre los estados financieros de las empresas involucradas en el negocio financiero y bursátil, que deberá presentar informes semestrales sobre el seguimiento al lavado de dinero’’. No hay mayor claridad respecto a en qué consiste específicamente dicha auditoría ni cuál entidad sería la encargada de realizarla.
Acusaciones entre líneas
Las Farc sostienen que al interior del negocio del narcotráfico se deben desmontar las ‘‘(…) alianzas empresariales con sectores de la producción, la construcción y los servicios, incluido el negocio financiero y bursátil’’, además señalan que en el informe que quedaría a cargo de los expertos de Unodc y Unasur debe quedar clara la articulación del narcotráfico ‘‘(…) con el proceso económico en su conjunto, en especial con la actividad financiera que permita identificar modalidades y rutas de blanqueo de dinero (…)’’.
Si bien han existido casos en los que algunas entidades de los sectores citados han sido utilizadas para lavar activos, no por ello se puede concluir que exista una definida articulación. Al interior del documento de las Farc dichos señalamientos carecen de toda prueba.
Cambios en las políticas económica y criminal
En uno de los apartes del documento se indica que ‘‘en consideración a que uno de los principales beneficiarios de la política neoliberal de desregulación financiera ha sido el capital del narcotráfico, la política antidrogas se fundamentará en la redefinición de la política económica, en especial de la política monetaria. Se recuperará la soberanía monetaria mediante el restablecimiento del monopolio estatal sobre la compra y venta de divisas, y la fijación de controles estrictos a los flujos de capitales (…)’’.
Incluso se plantea ‘‘(…) fortalecer las funciones estatales de súper vigilancia y control por las instituciones correspondientes (…)’’ en torno a los sectores financiero y bursátil.
