La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al contratista Andrés Jaramillo López como presunto autor responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. El empresario se habría beneficiado ilícitamente de hasta COP 269 mil millones de dineros públicos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y de Transmilenio.
Según explicó el fiscal que sustentó la acusación, Jaramillo López “acordó y obtuvo comisiones ilícitas por la adjudicación, adición y cesión de contratos públicos considerados como estratégicos a partir de la alianza con funcionarios del IDU y con contratistas particulares favorecidos, como los miembros del Grupo Nule”.
En la misma diligencia, el fiscal también sostuvo que el acusado tuvo que ofrecer una comisión del seis por ciento del valor de los contratos y adiciones a los funcionarios del IDU para que estos autorizaran su adjudicación hizo sin el visto bueno de la interventoría externa contratada por la entidad y sin tener en cuenta lo previsto en el Manual de Interventoría.
Los contratos
- En el contrato IDU No. 138 del 26 de diciembre de 2007 - Grupo cinco (5), Fase III de Transmilenio, se hallaron irregularidades en la adjudicación, así como en el trámite y celebración de la adición No.1 de junio 25 de 2009, realizada a dicho contrato. La fiscalía afirmó que fue en este contrato en que ocurrió el ofrecimiento de promesa remuneratoria y entrega de soborno a servidores públicos, incluidos Néstor Iván Moreno Rojas, el exalcalde Samuel Moreno Rojas y la exdirectora del IDU Liliana Pardo Gaona.
- En el contrato IDU No. 137 de 2007 - Grupo cuatro (4), Fase III de Transmilenio, hubo irregularidades en la formalización de la cesión del contrato. La forma cómo llegó a ser cesionario y las modificaciones introducidas por el IDU fueron irregulares y cambiaron el objeto del contrato.
