Este martes 15 de agosto termina formalmente el esquema de zonas veredales creado para el cese del fuego y la dejación de armas, es decir que las FARC entregarán el inventario definitivo de los bienes que obtuvieron durante la guerra a la ONU, de lo que deprenderá, según una nota de Semana, su credibilidad y futuro político.
Aunque hace dos semanas el grupo ex guerrillero suministró un listado parcial sobre sus bienes, que aún no se ha dado a conocer, lo que se especula es que supera el billón de pesos y que incluye: 1. Tierras y ganado. 2. Algunos bienes inmuebles y vehículos. 3. Todo el armamento. 4. Obras públicas como carreteras y puentes. 5. Dinero en efectivo y oro. Aún así, según afirma Semana, se da por descontado que no abarcará empresas, bienes o cuentas en el exterior, pues las FARC aseguran que no las tienen.
Diversas fuentes de inteligencia y analistas económicos creen que la cifra que entregarán los ex combatientes será exorbitante. Muchos de estos cálculos se basan en la realidad incontrovertible de que durante más de 30 años la guerrilla se financió con la extorsión, el narcotráfico y el secuestro, y que dado su control territorial de buena parte del país, ese dinero no era poco. Aún así, hace algunos meses Timochenko aseguró que los jefes de este grupo viven en la austeridad pues también es cierto que las FARC gastaron bastante dinero no solo en sostener su ejército, sino en la guerra misma.
El fiscal Néstor Humberto Martínez, por su parte, afirmó que tiene identificados más de un billón de pesos en bienes de las FARC en manos de testaferros, y por eso tasa en varios billones el patrimonio ilícito de la guerrilla. Sus datos provienen de los computadores incautados en operaciones militares, y los que han aportado guerrilleros desmovilizados que comparecieron ante los tribunales de Justicia y Paz.
Martínez ha convertido esta información en una “espada de Damocles”, asegura Semana en su nota, para que las FARC entreguen todo y no se vean expuestos a la acción de la justicia ordinaria. Es decir que, como afirmó el Fiscal en días pasados, se aplicará la extinción de dominio a los bienes que no estén en el listado, que la justicia demuestre que fueron obtenidos con recursos de la guerra, o que estén en manos de testaferros.
Aún así, existe un tema que ha generado aún más controversia entre los colombianos, el Decreto 903 de 2017, en el cual se explica cómo ingresarán esos bienes al Estado y a qué se destinarán.
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Decreto 903 de 2017:
En primer lugar, este Decreto ordena crear un patrimonio autónomo, adscrito a la Presidencia de la República, para que reciba los bienes de las FARC, pero el hecho de que el Decreto agregue que la administración del fondo estará a cargo de un Consejo Fiduciario, cuya cabeza podrá ser sugerida por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), en la que participará el gobierno y las FARC, preocupa gravemente al país porque indica, indirectamente, que los ex guerrilleros tendrán alguna injerencia en su manejo.
En segundo lugar, este también plantea que la finalidad del fondo será reparar a las víctimas garantizando unas condiciones de vida dignas para el imputado. Es decir que quien hizo el daño tampoco podrá quedar en la miseria, y puede preservar sus medios de sobrevivencia y trabajo. Esto ha sido interpretado por algunos juristas como que estos bienes también podrán ser usados para la reincorporación de los guerrilleros.
Las criticas del Fiscal:
Teniendo esto en cuenta, el principal crítico del decreto ha sido el fiscal Martínez, quien considera inconstitucionales varios de sus apartes. Su tesis central consiste en que a los bienes que entreguen las FARC hay que aplicarles, de todos modos, la extinción de dominio antes de entrar a cualquier fondo, pues de lo contrario se violaría la Constitución. Además afirma, que el Congreso, y no el gobierno, debe decidir el destino que tendrá este fondo.
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Como es lógico, las FARC se oponen a la extinción de dominio de los bienes inventariados dado que hacen parte de su economía de guerra, que están reportando en cumplimiento de un acuerdo político, y cuya entrega no debe dar pie a procesos penales ordinarios, que es la implicación práctica de la fórmula de Martínez. De hecho, el fiscal argumenta que si el decreto se aplica tal y como está hoy redactado, se configuraría impunidad en varios delitos que no entrarían a la JEP.
La segunda crítica de Martínez tiene que ver con el manejo del fondo, pues rechaza de plano que la CSIVI puede sugerir el nombre del administrador de ese patrimonio autónomo. Esta objeción goza de bastante respaldo en sectores del gobierno. De hecho, en su momento el alto comisionado de paz Sergio Jaramillo lo calificó como una “chambonada”. Se da por sentado que la corte le devuelva esa facultad al Estado, dado que el decreto solo habla de que la CSIVI puede hacer una recomendación, que en todo caso no sería vinculante.
La tercera observación de Martínez tiene que ver con el uso del fondo, y a ella se sumó el procurador Fernando Carrillo. Ambos ven preocupante que además de servir para reparar las víctimas, los bienes se destinen a la reincorporación. El fiscal general considera que por esta vía podría terminar financiando la actividad política de la guerrilla, dado que el partido político y el centro de pensamiento pactados en La Habana forman parte de esa reincorporación.
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