En una operación que ha sido llamada “la más grande recuperación de tierras para las víctimas del conflicto armado” la Fiscalía General de la Nación, en articulación con otras seis entidades, recuperó miles de hectáreas que el Bloque Centauros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) le habría arrebatado al Estado o habría adquirido ilícitamente en el oriente del país.
Según informó la fiscalía, “en siete meses fue identificado y verificado lo que durante una década se convirtió en el fortín territorial del bloque centauros, en cabeza de Miguel Arroyave y Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, donde se concertó la salida de cocaína desde los Llanos Orientales, fueron planeadas masacres y los integrantes de la agrupación recibieron entrenamiento”.
Una vez identificados los predios, la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía lideró un trabajo al que se sumaron otras seis entidades: Comando General de las Fuerzas Militares, Superintendencia de Notariado y Registro, Agencia Nacional de Tierras, Unidad de Restitución de Tierras, Policía Nacional y Fondo para la Reparación de las Víctimas, y que culminó con la recuperación de 23.274 hectáreas en el departamento de Meta en los municipios de El Dorado, San Martín y Puerto Concordia. De acuerdo con cálculos de la fiscalía la vasta extensión de tierra superaría la superficie de ciudades como Bucaramanga, Barranquilla o Armenia.
Del total de hectáreas recuperadas al menos 18.000 son bienes baldíos de propiedad y uso exclusivo del Estado que habrían sido tituladas entre amigos, testaferros y familiares de los cabecillas paramilitares para explotación agroindustrial. Las hectáreas restantes habrían sido compradas entre 1999 y 2006 para luego ser traspasadas y englobadas entre sí para dar la apariencia de ser un solo bien.
La Fiscalía solicitó medidas cautelares de embargo sobre cerca de 2.000 de las hectáreas recuperadas, 3.422 más quedaron a cargo de la Unidad de Restitución de Tierras y las demás se encuentran a disposición de la Agencia Nacional de Tierras.
En su comunicado la Fiscalía enfatizó en que “ubicar y afectar el capital ilícito que los extintos grupos de autodefensas (AUC) constituyeron mediante diversas actividades criminales se convirtió en una de las principales políticas de la Fiscalía General de la Nación para garantizar la reparación integral de las víctimas y la no repetición de hechos violentos contra la población civil”.
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