En una carta con fecha del 22 de febrero, pero conocida esta semana, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, le dijo al Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, que, dado que “uno de los puntos más importantes del acuerdo fue la elaboración del inventario y posterior entrega de los bienes con vocación para reparar a las víctimas”, es menester “definir líneas de doctrina que permitan establecer criterios generales, en cuanto a las condiciones de cumplimiento del compromiso respecto al inventario de los bienes por las Farc, así como la aparición de bienes no incluidos en él, que se vayan revelando como propios o relacionados con su actuar previo al acuerdo.”
En efecto, en un contexto sociopolítico en el que la Fiscalía General de la Nación acaba de ordenar la ocupación y el decreto de medidas cautelares con fines de extinción de dominio una cadena de más de 60 tiendas de supermercado en Cundinamarca y el Oriente de Colombia, el procurador Carrillo sentenció que es necesario precisar las responsabilidades y efectos grupales e individuales por la identificación de bienes no inventariados, considerando diferentes tipologías e hipótesis al respecto.
Según la carta del procurador, “Si las Farc han ocultado bienes, se verían abocados a perder los beneficios del sistema.
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