El día de ayer la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al ingeniero Orlando Fajardo Castillo, por su presunta responsabilidad en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos en provecho propio y de terceros, en concurso con peculado por apropiación y cohecho por dar u ofrecer.
Según el ente acusador, los hechos que justificaron esta decisión se remontan a los años 2009 y 2010, cuando Fajardo Castillo, en compañía de varios funcionarios de la Empresa de Acueducto Alcantarillado de Bogotá y otros individuos particulares, concertaron un esquema de corrupción que les permitiría quedarse con el contrato para construcción del interceptor Tunjuelo – Canoas, que hace parte del proyecto de descontaminación del río Bogotá.
Dos situaciones irregulares fueron las que llevaron a la fiscalía a acusar al empresario: la primera, que el contrato fue suscrito por un valor de COP 243 mil millones, de los cuales se recibieron como anticipos al menos COP 49 mil millones que habrían sido apropiados indebidamente por el acusado. La segunda, que el acusado le habría ofrecido al otro oferente del contrato, la Unión Temporal Cartellone – Arquitectura & Concreto, una coima de COP 255 millones a cambio de que la unión temporal mantuviera un actitud pasiva de representación, sin intervención tendiente a paralizar el trámite de la licitación y facilitar la adjudicación de ese contrato según los planes del acusado.
Fajardo Castillo, que es ingeniero civil de profesión, no aceptó los cargos y seguirá privado de la libertad en un centro de reclusión de Bogotá.
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