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Breve recuento de la regulación antilavado en EEUU

  • Publicado el: 9 January 2018
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Este martes el portal Anti Corruption Digest publicó un artículo en el que expone una breve historia de la regulación antilavado de activos en los Estados Unidos, en la que destaca tres: la Ley de Secreto Bancario, la Ley de Control de Lavado de Activos y la Ley Patriota.

 

Durante las pasadas cinco décadas la definición de “institución financiera sujeta a la regulación anti lavado de activos” se ha ampliado para incluir no solo bancos, sino a una variedad de compañías que incluyen aseguradoras, comisionistas y corredores y comerciantes de diamantes, entre otros. Y no sólo eso. Además de ampliar la base de obligados, las autoridades han llevado a cabo acciones de persecución y enjuiciamiento contra aquellos que omitan o cumplan insuficientemente con la regulación.

Pero esta robusta estructura institucional y normativa no siempre fue así en los Estados Unidos. Por el contrario, la evolución de la normatividad ha respondido más a los esfuerzos del gobierno de turno de encarar fenómenos y coyunturas puntuales (como el narcotráfico en las décadas de los 80 y 90 y el terrorismo en la de los 2000) en vez de acoger una estrategia holística pensada a largo plazo y bajo el contexto de evolución tecnológica.

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Tres hitos en la regulación antilavado estadounidente

 

La primera ley que se puede describir como una regulación anti lavado de dinero propiamente dicha es la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act o BSA) de 1970, que obligó a las entidades financieras a reportar las operaciones de más de USD 10.000.

Cabe decir que hasta ese año, ninguna persona ni ninguna entidad bancaria estaba obligada a reportar las transacciones de altas sumas de dinero, en especial los depósitos en cuenta y transferencias transnacionales, lo que le permitía a criminales movilizar y ocultar divisas amparados en este secreto bancario.

Varios años después, en paralelo al desarrollo de la guerra contra las drogas declarada en 1971 por Richard Nixon y continuada por los siguientes tres presidentes de la nación (Gerald Ford, Jimmy Carter y Ronald Reagan), la regulación antilavado vió un nuevo hito: la Ley de Control de Lavado de Activos de 1986. Esta ley estableció al blanqueo de capitales como un delito federal y exigió a las entidades financieras adoptar procedimientos de cumplimiento que materialicen la regulación ALA.

A finales del siglo XX tanto el Congreso como la FinCEN habían expedido numerosos cuerpos regulatorios que desarrollaba estas leyes vigentes para ampliar los sujetos obligados e introducir al sistema nacional antilavado los principales postulados de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).

Pero no fue hasta los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 que el país vio un nuevo avance relevante en la lucha contra el lavado. En efecto, en ese entonces el Congreso pasó la Ley de Unión y Fortalecimiento de Estados Unidos a Través de Proveer las Herramientas Apropiadas para Interceptar y Obstruir al Terrorismo (conocida como la Ley Patriota), que amplió las facultades de FinCEN para exigirle el reporte de actividades sospechosas a más sectores y por consiguiente a más compañías y estableció como una prioridad de Estado la lucha contra la financiación del terrorismo.

Por último, en 2004 fue expedida la Ley de Inteligencia Contra el Lavado de Activos que, de forma general reformó la red de instituciones de inteligencia del gobierno del país, y de forma específica estableció como foco del nuevo esquema de inteligencia la lucha contra el blanqueo de capitales. 

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