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Bancos no pueden cerrar la puerta a venezolanos por su nacionalidad

  • Publicado el: 1 February 2018
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Edición en la revista: 
Sector: 
Financiera
Contenido de tipo: 
Artículo
Descripción general: 

La Superintendencia Financiera señaló que la nacionalidad de los potenciales clientes no constituye un criterio que justifique la negación de productos y servicios. El pronunciamiento se dio ante la consulta realizada por un banco.

 

¿Es un criterio suficiente que el representante legal de una entidad tenga nacionalidad venezolana para da[r] negativa a la creación de una cuenta bancaria? y ¿qué sanciones se le pueden aplicar a las instituciones financieras que le prohíban el acceso al sistema financiero a una sociedad que está legalmente constituida?

Esas preguntas –bastante directas– fueron las planteadas por una entidad bancaria a la Superintendencia Financiera el año anterior.

Pues bien, la respuesta del supervisor se dio por medio del concepto 2017121469-001 del 24 de noviembre de 2017 y fue tanto o más directa que las preguntas: “un aspecto como el relativo a la nacionalidad de los potenciales clientes, no puede constituir un criterio que justifique la decisión de una entidad financiera en el sentido de negar el acceso a los productos que ofrece”.

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La Superfinanciera recordó que, según la sentencia SU-157 de 1999 de la Corte Constitucional, “no constituye causal objetiva que autoricen la negativa para el acceso a la actividad financiera, la utilización de criterios de diferenciación prohibidos constitucionalmente (C.P. art. 13). Por ende, no es factible negar el servicio público bancario por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión”.

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Respecto a las sanciones, la Superfinanciera aseguró que los establecimientos bancarios que incurran en prácticas que se traduzcan en un bloqueo injustificado de personas por razón de su nacionalidad pueden ser sancionados por infringir el Régimen de Protección al Consumidor Financiero, contenido en la ley 1328 de 2009.

Finalmente, reiteró que si bien las entidades financieras tienen la facultad de negar productos y servicios, dicha negación debe estar justificada en criterios objetivos y razonables para evitar prácticas discriminatorias.

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