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¿Qué han dicho las autoridades colombianas sobre el Bitcoin?

  • Publicado el: 27 December 2017
Información
Sector: 
General
País: 
Colombia
Descripción general: 

A medida que se masifica el uso de monedas virtuales en el mundo crece el debate acerca de la legalidad de su uso. En Colombia, en un contexto de crecientes escándalos de esquemas de estafa basado en Bitcoin, el Banco de la República, la Superfinanciera y la Supersociedades han consolidado una posición que desautoriza y desaconseja operaciones con criptomonedas.

A pesar de que el Bitcoin nació en 2009, este 2017 ha sido el año en el que más se ha hablado en el mundo de las monedas virtuales, de los riesgos que encarnan, de la complejidad de su estructura de generación y respaldo y de la creciente necesidad de una regulación que, además de reconocer el fenómeno como un nuevo componente en el tráfico económico internacional, se enfoque en evitar que el instrumento sea utilizado como vehículo financiero por las redes de crimen organizado y de lavado de activos o para esquemas de estafa.

En este escenario de discusión global Colombia no ha sido ajena al debate. De cara a crecientes casos de esquemas de estafa cimentados en el uso de criptodivisas, las autoridades colombianas se han alineado en consolidar una posición que impuso el Banco de la República en abril de 2014 de desautorización del uso de Bitcoin. Desde entonces la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Sociedades han expedido doctrina que reitera las disposiciones del banco central y, además, advierten de forma concreta acerca de los riesgos.

 

Lo que ha dicho el Banco de la República

En un comunicado de prensa expedido durante el primer semestre de 2014, el Banco de la República, como máxima autoridad monetaria, cambiaria y crediticia de Colombia, hizo una serie de claridades referidas a las monedas virtuales, un fenómeno que se empezó a conocer en el país a partir de la segunda década del siglo XXI. En el referido oficio, el banco central colombiano informó que:

  • La única unidad monetaria y de cuenta en Colombia es el peso (billetes y monedas) emitido por el Banco de la República.

  • El Bitcoin no es una moneda en Colombia y, por lo tanto, no constituye un medio de pago de curso legal con poder liberatorio ilimitado. No existe entonces obligatoriedad de recibirlo como medio de cumplimiento de las obligaciones.

  • El Bitcoin tampoco es un activo que pueda ser considerado una divisa debido a que no cuenta con el respaldo de los bancos centrales de otros países. En consecuencia, no puede utilizarse para el pago de las operaciones de que trata el Régimen Cambiario, expedido por la Junta Directiva del Banco de la República.

Dos años más tarde, el Banco de la República volvió a pronunciarse al respecto de este tipo de monedas mediante oficio GG2105 del 29 de septiembre de 2016, en el que enfatizó lo siguiente:

  • La Ley 31 de 1992 estableció que la unidad monetaria y de unidad de cuenta de Colombia es el peso emitido por el Banco de la República. Esta disposición legal también expresa que la moneda legal es aquella que está constituida por billetes y moneda metálica que expresa su valor en pesos y que constituye el único medio de pago de curso legal.

  • Ninguna moneda virtual incluyendo el Bitcoin ha sido reconocida como moneda de curso legal por el legislador ni por la autoridad monetaria. En la medida en que no constituye un activo equivalente a la moneda de curso legal, carece de poder liberatorio ilimitado para la extinción de obligaciones.

  • Según el artículo 30 del Acuerdo del Fondo Monetario Internacional, del que Colombia hace parte, las monedas de libre uso son aquellas que son usadas extensamente para pagos de transacciones internacionales y son ampliamente transadas en los principales mercados de divisas. Esta definición excluye al Bitcoin como moneda de libre uso.

Con base en lo anterior, el Banco de la República señaló que no está autorizado el uso de monedas virtuales como medio de cumplimiento de las operaciones de cambio de acuerdo con la normatividad vigente.

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Lo que ha dicho la Superfinanciera

La primera advertencia en contra de las criptodivisas que lanzó la Superintendencia Financiera de Colombia fue el 26 de marzo de 2014 a través de la Carta Circular 29 de 2014. En este documento, la entidad de vigilancia señaló que, de cara al auge de dichas monedas virtuales, se hace necesario que tanto las entidades vigiladas como el público en general conozcan y entiendan los riesgos a los que se exponen cuando adquieren y transan con estos instrumentos que no están regulados ni respaldados por ninguna autoridad monetaria o activos físicos, y cuya aceptación es muy limitada.

En la Carta Circular la Superfinanciera hace una lista exhaustiva de posibles riesgos derivados de la utilización de monedas virtuales que aún hoy se mantiene vigente y que sirve como base primaria para evaluar tales operaciones:

  • El Bitcoin no es un activo que tenga equivalencia a la moneda de curso legal en Colombia porque no ha sido reconocida como moneda en el país. Y al no ser un activo que pueda ser considerado una divisa (por no tener el respaldo de un banco central nacional de un Estado reconocido), no sirve para pagar deudas ni extinguir obligaciones de pago.

  • La regulación cambiaria no contempla al Bitcoin, por lo que no puede utilizarse en las operaciones de que trata el régimen cambiario colombiano.

  • Las monedas virtuales no se encuentran respaldadas por activos físicos o reservas de una autoridad, por lo que el valor de intercambio de las mismas podría reducirse drásticamente e incluso llegar a cero sin previo aviso. Esto expone a un alto riesgo volatilidad en el precio y a esquemas de especulación.

  • Ninguna de las plataformas transaccionales de las monedas virtuales se encuentran reguladas por la ley colombiana ni tampoco son sujetas a la vigilancia de la Superfinanciera. Por lo anterior no hay quién garantice que tales plataformas cuenten con estándares o procesos seguros y de mitigación de riesgos de fraude, lavado y canalización de recursos a organizaciones terroristas.

  • Las plataformas transaccionales de criptodivisas se encuentran domiciliadas en múltiples jurisdicciones, por lo que su regulación y vigilancia escapa al ámbito de la ley colombiana.

  • Las transacciones en las plataformas son anónimas, por lo que el uso de  monedas virtuales se puede prestar para adelantar actividades ilícitas o fraudulentas, incluso para captaciones no autorizadas de recursos, lavado de dinero y financiación del terrorismo.

  • Los compradores o vendedores de criptomonedas se exponen a riesgos operativos, principalmente a que las billeteras digitales sean robadas por ciberdelincuentes.

  • Las transacciones no pueden ser reversadas, revisadas ni confrontadas frente a estándares nacionales o internacionales.

  • Las personas que negocian con monedas virtuales no se encuentran amparadas por ningún tipo de garantía privada o estatal, ni sus operaciones son susceptibles de cobertura por parte del seguro de depósito que existe en Colombia.

  • No existen mecanismos para obligar al cumplimiento de las transacciones con monedas virtuales lo que aumenta de manera importante la posibilidad de materialización de un riesgo de incumplimiento.

Finalmente, la Superintendencia sentenció que corresponde a las personas conocer y asumir los riesgos inherentes a las operaciones que realicen con este tipo de divisas electrónicas.

En una siguiente comunicación, la Carta Circular 78 de 2016, la Superfinanciera además de reiterar lo dicho en la primera comunicación, recuerda a las sociedades vigiladas que no se encuentran autorizadas para custodiar, invertir, intermediar ni operar con estos instrumentos, así como tampoco permitir el uso de sus plataformas para que se realicen operaciones con monedas virtuales.

De igual manera hizo un nuevo llamado al público en general para que cada cual conozca y asuma, según su apetito, los riesgos inherentes a las operaciones que realicen con este tipo de monedas virtuales.

Y por último, la más reciente advertencia de la Superintendencia Financiera de Colombia se conoció en junio pasado mediante la Carta Circular 52 de 2017 en la cual anunció al público los riesgos potenciales asociados a las operaciones realizadas con las monedas electrónicas o monedas virtuales en un contexto en el que las mejores prácticas internacionales y la lucha transnacional contra el lavado se hacen cada vez más exigentes.

En efecto, en este documento, la Superfinanciera se alinea con el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y la Oficina Europea de Policía (Europol) en el señalamiento que “las operaciones realizadas con las denominadas monedas electrónicas pueden llegar a ser un instrumento para facilitar el manejo de recursos provenientes de actividades ilícitas relacionadas, entre otros, con los delitos fuente del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”.

Además, agregó la superintendencia, que como consecuencia del anonimato que facilita internet, la dificultad para identificar a los beneficiarios finales, la poca trazabilidad y la falta de respaldo por parte de los bancos centrales han hecho que las criptodivisas sean un vehículo riesgoso cuyos efectos adversos aún están por verse.

En este documento, la Superfinanciera volvió a insistir en que el Banco de la República ha indicado que las monedas virtuales no son consideradas como una moneda de curso legal en Colombia y que, por ende, no puede considerarse que un pago con criptomonedas extinga las deudas y demás obligaciones dinerarias. Además, señaló que las monedas virtuales no hacen parte de la infraestructura del mercado de valores colombiano, no constituyen una inversión válida para las entidades vigiladas y sus operadores tampoco están autorizados para asesorar o gestionar operaciones sobre las mismas.

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Lo que ha dicho la Supersociedades

En una nota de prensa de diciembre de 2016 la Superintendencia de Sociedades informó que, ante el crecimiento de personas naturales y jurídicas que promueven negocios con monedas virtuales a cambio de un rendimiento del 100% o más en pocos meses, el Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, recalcó que la única moneda de curso legal en nuestro país es el peso.

“Los inversionistas deben saber que se exponen a enormes riesgos al invertir en supuestas monedas que no han sido aceptadas como legales en el país”, señaló el superintendente Reyes, quien además agregó que aparte del peso colombiano no existen otros mecanismos de pago con poder liberatorio.

La Supersociedades también llamó la atención sobre los denominados “clubes de inversión”, que no son más que grupos promovidos por personas naturales que se hacen pasar como expertas en monedas virtuales con el único fin de convencer a incautos inversionistas para que entreguen su dinero sin ningún tipo de soporte.

“Estos supuestos asesores prometen a los inversionistas administrar sus apuestas en las plataformas de inversión y generar rendimientos mayores a los que obtendrían si apostaran directamente su dinero”, puntualizó Reyes Villamizar.

La Superintendencia de Sociedades encontró además que estas personas y empresas usualmente operan bajo seudónimos y organizan foros y encuentros privados en distintas plataformas tecnológicas para no dejar rastros. Finalmente la Supersociedades recalco que en Colombia no hay compañías multinivel autorizadas a transar este tipo de activos.

Casi un año después de esta advertencia, el Superintendente de Sociedades se volvió a referir al asunto en una entrevista con Noticias RCN el pasado 13 de septiembre en la que afirmó que esta moneda virtual no está regulada en el país y que, por eso, los colombianos deben tener precaución si quieren invertir en criptodivisas. “En Colombia no hay una regulación especifica sobre el particular, pero hay que ver como otros países como China que emitió la semana pasada una regulación en las cuales prohíbe las nuevas ofertas iniciales de monedas virtuales“, afirmó.

Además, dijo Reyes que no se encontraba en la posición de aconsejar a invertir o no invertir en Bitcoin, pero que si puede emitir “una señal de alerta sobre los riesgos involucrados, sobre todo cuando esas operaciones están acompañadas de negocios que no corresponden a la fluctuación normal de estas monedas virtuales frente a las divisas”.

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¿De dónde surge la necesidad de regulación?

Durante el primer semestre de 2017 se popularizaron unos esquemas de captación masiva y habitual de recursos del público conocidos como ‘clubes de inversión en Bitcoin’, cuya actividad consiste en obtener dinero de terceros para invertirlo en la criptomoneda y retornar a los inversionistas el monto inicial más una rentabilidad sospechosamente alta.

Uno de los casos que más ha llamado la atención de las autoridades este año estalló el 22 mayo pasado en Medellín, cuando algunos usuarios del club de inversión en Bitcoin conocido como Me-Coin empezaron a circular un mensaje de WhatsApp en el que informaban que la rentabilidad prometida no se estaba viendo reflejada en sus monederos virtuales.

Una vez se masificó el mensaje y se estimó el alcance de la captación, se supo que con la falsa promesa de obtener rentabilidades fijas mínima del 50% mensual por invertir en Bitcoin a través de ellos, Me-Coin había recibido entre COP 400.000 y COP 100 millones de cada uno de sus más de 5 mil socios que decía tener en el país, para un total aproximado de USD 300 millones.

Otro caso similar se destapó en Bucaramanga a mediados de 2017 en el que fueron estafados al menos 90 mil personas por un valor total aún no estimado.

Frente a este fenómeno la Superintendencia de Sociedades advirtió que hay que dudar de negocios que ofrezcan rentabilidades inusuales. En concreto frente a las firmas de transacción de criptomonedas la Supersociedades advirtió que cuando hay supuestos clubes de inversión y se ofrecen rendimientos fijos, se corre el riesgo de caer en esquemas de captación ilegal